El secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, le entregó una Carta a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Les pide que se remonten a su visita en 1978 cuando en plena dicatadura militar el organismo denunció la censura en los medios.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
A los Sres. Miembros de la Delegación
De la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
De mi consideración:
Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978, en plena dictadura militar, la Argentina recibió una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encabezada por Edward Seaton, propietario del diario “Mercury” de Kansas e Ignacio Lozano, de “La Opinión” de Los Angeles. Durante su visita, los representantes de la SIP entrevistaron a más de cinco docenas de personas y elaboraron un documento notable, que no fue divulgado entonces por la prensa de nuestro país. Entre las principales conclusiones de ese informe se destacan las siguientes: para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, justificaban la censura por manifestarse de acuerdo con la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel mediante la empresa Papel Prensa.
No hace falta explicar demasiado el contexto en que fue realizada esa visita. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el asesinato, el secuestro y la desaparición de miles de personas -entre ellos más de un centenar de periodistas-, la existencia de campos de concentración donde reinaba la tortura y la muerte, y la difusión del terror sobre el conjunto de la sociedad definieron aquella época que recordamos como la más trágica de nuestra historia.
La Argentina recuperó en 1983 la institucionalidad democrática y desde entonces sostiene la plena vigencia del Estado de derecho. Los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de medios de comunicación, gozan de completa libertad para investigar, recabar información, opinar y expresar sus ideas.
Nuestra gestión está comprometida con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión, como puede comprobar cualquier ciudadano, e inclusive cualquier observador externo, hojeando un periódico local o viendo la televisión apenas unos minutos. Las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos. Por otro lado, es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor. Estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven. Aunque resulta asombroso que suceda de continuo sin que se tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad que son valores indispensables para la labor periodística; esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura.
Pero no basta con la garantía de no censurar. Además de respetar el derecho de opinión de los propietarios de medios -a quienes ustedes representan- y la potestad que tienen para ejercerlo por intermedio de sus empresas periodísticas; queremos defender la libertad de expresión como garantía de participación en el debate público de las mayorías –a quienes representamos como autoridad democráticamente elegida-.
En esta línea, hemos impulsado con mucha decisión un proceso de profunda transformación bajo el marco de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se ha convertido en una referencia a nivel regional e internacional. Sus objetivos son claros: promover la desconcentración, fomentar la competencia y garantizar la participación del sector privado no comercial en el mercado de la comunicación para abaratar y universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y democratizar los contenidos que por su intermedio se difunden. Al mismo tiempo, hemos desarrollado otro conjunto de políticas (relatadas en el Apartado I del Informe adjunto) que suscriben la misma orientación general y responden al propósito complementario de garantizar un servicio público de comunicación de calidad, de carácter federal y popular, inclusivo de las producciones y el pensamiento nacional, y dirigido a todos los habitantes de nuestra patria sin exclusión alguna. Consideramos que es la mejor forma en que el Estado puede ejercer de modo efectivo la defensa de la libertad de expresión, entendida como derecho de todos.
El gobierno es consciente de que estas políticas deben implementarse en un contexto adverso, justamente aquél que apuntan a revertir: el de la acentuada concentración del mercado de las comunicaciones. Sabemos que se trata del principal problema en la agenda de la libertad de expresión a nivel global, regional y nacional y entendemos que no alcanza con denunciar la concentración como amenaza estructural, si no podemos avanzar un paso más y hablar de sus actores concretos, los grupos concentrados.
En ese sentido, la visita de la SIP no puede ser más oportuna, ya que el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio de vuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertad de expresión en nuestro país.
El grupo Clarín, tal como la SIP constató en 1978, usufructuó su negativa a informar sobre la desaparición de personas para asociarse con el Estado en la explotación de Papel Prensa. Esto le permitió adquirir una posición privilegiada en el mercado, que consolidó más tarde con generosas regulaciones ofrecidas por distintos gobiernos democráticos, las que sin embargo incumplía. Hoy, haciendo abuso de su posición dominante, discrimina a sus competidores, censura periodistas, inhabilita la actividad gremial de sus empleados, despide delegados o los espía para luego denunciarlos en sus propios medios, impugna judicialmente las decisiones asumidas por amplia mayoría en el Parlamento e incluso se resiste permanentemente a respetar los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.
Nos preguntamos si estas acciones que preocupan seriamente al gobierno y a muchos ciudadanos en nuestro país son vistas también con preocupación por las organizaciones internacionales que nuclean a las entidades periodísticas. ¿No es acaso para ustedes objeto de alarma el que un miembro de vuestra sociedad fundada en 1926 con el objetivo de “alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial” viole los derechos y principios que procuran defender?
No existe de parte del Grupo Clarín y sus aliados reconocimiento de estos problemas. Por el contrario, los escuchamos a diario realizar acusaciones infundadas que intentan reducir nuestra convicción democratizadora a una cruzada autoritaria contra la sociedad y contra ellos.
Como respuesta, podemos decir que nuestra política pública ha sido abierta y transparente. Toda la sociedad la conoce y la mayor parte de ella venía reclamándola hace muchos años con su movilización y compromiso. El debate y sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una prueba cabal de ello. Nada más alejado de la oscura persecución de una administración contra víctimas indefensas que esa ley, fruto del trabajo colectivo, alumbrada a plena luz del día, en el recinto que representa la voluntad de las mayorías populares.
Es legítimo que quienes han crecido bajo otro orden, que posibilitó y sostuvo las prácticas monopólicas en el mercado de las comunicaciones, no se sientan representados por estas políticas. Lo que no es legítimo es que sostengan una campaña de difamación pública, haciendo abuso de su posición dominante para falsear la realidad y que se escuden para proteger sus intereses empresariales en una supuesta defensa de derechos que incumplen de modo sistemático.
No existe hoy ninguna limitación estatal a la libertad de expresión en Argentina. Lo que existe es una ley, aprobada en el Parlamento, que promueve la limitación de los monopolios en el campo de la comunicación para proteger la defensa del pluralismo y la diversidad de voces. Del mismo modo como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios, al sostener que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”1 y la Unesco, cuando en un documento de 2008 señala que las autoridades deben “exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad”2, el gobierno nacional entiende que la desconcentración constituye un requisito para el ejercicio de la libertad de expresión.
Existe un amplio debate hoy acerca de estas cuestiones en los ámbitos académicos, sociales y políticos, tanto a nivel internacional, como regional y nacional. La cuestión planteada se refiere a si es posible garantizar el pluralismo informativo en un contexto de concentración tan acentuado, y qué papel debe asumir el Estado para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
Es importante resaltar que, en América latina, el debate no pone solamente en juego el ejercicio de derechos individuales ni involucra al Estado únicamente como garante de éstos, sino que el poder económico de los grupos concentrados de medios y su capacidad de intervención en el debate público como un actor central, limita o en muchos casos disciplina a gobiernos, legisladores y funcionarios judiciales.
Se trata de una cuestión fundamental entonces que pone en juego también la calidad de nuestras democracias. En este sentido, la existencia de un mercado de la comunicación dominado por pocos grupos empresariales tiende a promover la formación de una opinión pública uniformada y un poder político subordinado, además de obturar el desarrollo de la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.
Llamemos a las cosas por su nombre. Si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina, no se debe a la acción de este gobierno, que ha sido nítida y democrática; sino a la posición dominante de un conglomerado de medios -que funciona en los hechos como un actor político- y que ha decidido sostener su poder en el mercado de la comunicación colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República y de los derechos de las mayorías.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los miembros de la delegación de la SIP que se encuentra visitando nuestro país que:
♣ Examinen con atención las políticas públicas que hemos resumido en el Apartado I para sumarlas a una evaluación equilibrada y de conjunto sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. No se trata sólo de limitar sino fundamentalmente de propiciar y promover nuevos actores en el ámbito de la comunicación y de garantizar la libertad de expresión para las mayorías3.
♣ Escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, movimientos sociales, de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas, las universidades nacionales, el movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios y pymes, los pueblos originarios, y numerosas expresiones de la cultura, junto a ciudadanas y ciudadanos interesados en esta problemática.
♣ Ponderen las declaraciones y manifestaciones de los numerosos organismos internacionales que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y los de aquellos que integran el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, quienes han elogiado reiteradamente las políticas del actual gobierno argentino, fundamentalmente en lo que respecta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de despenalización de calumnias e injurias para asuntos de interés público.
♣ Analicen las denuncias actuales de los actores privados del mercado de la comunicación en Argentina a la luz de las políticas públicas –legítimas y transparentes- que afectan sus intereses concretos y los convierten en juez y parte de su propaganda alarmista.
♣ Evalúen las irregularidades resumidas en el Apartado II del presente documento, que constituyen una conducta sistemática de violación a la libertad de expresión por parte del grupo empresarial Clarín.
Finalmente, esperamos que puedan ser razonablemente ecuánimes, en honor a aquella visita memorable de 1978 y en atención al abismo que la separa de la realidad que estamos viviendo, no exenta de conflictos y disputas, pero en la que rige la más plena garantía estatal para el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos.
Quienes entonces callaban el horror, hoy vociferan por una posible pérdida de sus privilegios. Eso no nos asusta. Sí que intenten convertir al gobierno democrático que legítimamente propone limitar sus pretensiones monopólicas en el monstruo autoritario que entonces apañaron en silencio para obtener estos negocios que consiguieron y defienden a cualquier precio.
Dr. Juan Manuel Abal Medina
Secretario de Comunicación Pública
