Compartimos y damos difusión a un artículo bien instructivo elaborado por Carlos Heler desde el Partido Solidario, titulado QUEREMOS UN BANCO CENTRAL PARA UN PROYECTO DE PAIS DIFERENTE, sosteniendo la posición del partido y brindando un marco de referencia histórico para ampliar y profundizar el debate que no quieren los medios de comunicación concentrados, la oposición antipopular y los intereses que representan.
"A partir de la situación creada por la remoción del titular del Banco Central dispuesta por la Presidenta de la Nación, la discusión debe centrarse en la cuestión de fondo que son los límites de la autonomía del Banco Central y sus funciones, un tema que obvian las distintas controversias y pronunciamientos que se realizan actualmente...
El Fondo del Bicentenario
"Un DNU tiene fuerza de ley hasta tanto no sea tratado por las Cámaras del Congreso, y por lo tanto tiene toda la legalidad, es un recurso legítimo del Poder Ejecutivo reglamentado por la Constitución Nacional, y tiene preeminencia sobre la Carta Orgánica del BCRA, teniendo en cuenta que, en este caso, la modifica.
Ya nos hemos pronunciado en varias oportunidades sobre el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, remarcando que al poder refinanciar a tasas bajas los pagos por amortizaciones de deuda , se evita utilizar recursos fiscales a tal fin, que pueden destinarse a un mayor gasto social o una mayor inversión en infraestructura. Aquellos que rechazan el Fondo del Bicentenario, en realidad están proponiendo utilizar los recursos fiscales para pagar deuda, conjuntamente con un achique del gasto público para que sea financiable. Esta postura afecta la posibilidad de seguir sosteniendo los planes de seguridad social, la universalización del seguro para la niñez y otros gastos indispensables de fomento a la economía.
Sostenemos que el gasto público debe incrementarse, debe gastarse eficientemente y para eso se requiere una reforma fiscal progresiva, que venimos reclamando hace años. Esta reforma debe basarse en el incremento de impuestos progresivos que recaigan sobre los que más tienen, con mayores tasas de impuesto a las ganancias para los tramos superiores, captando las grandes rentas financieras, las fabulosas utilidades de los recursos naturales e instaurando el impuesto a la herencia, entre otras medidas...
La cuestión del Banco Central
"Se habla reiteradamente de institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea. No cabe duda que defender la aplicación de las leyes de la Nación es esencial, pero ello no quita discutir la conveniencia de esas leyes, y especialmente, la matriz ideológica que las acuñó.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró una indestructible independencia del Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
La actual Carta Orgánica se gestó en los noventa, y consistió en un decálogo del pensamiento ortodoxo, dado que no sólo limitó sus objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de política económica.
Al igual que con la discusión de las empresas públicas de servicios, en la cual se cargaron las tintas en sus costos para el fisco y muchas veces en ineficiencias reales, se las destruyó bajo la promesa de un venturoso futuro privatizado; la realidad demostró que fueron peor gestionadas que las anteriores empresas públicas, pero con mayores costos para los usuarios.
En el caso del Banco Central, ante un enfoque ideológico que cifró la inflación exclusivamente en la emisión de dinero, en vez de regular y establecer parámetros para el financiamiento del BCRA al gobierno, una actividad que realizan todos los Bancos Centrales del mundo, se optó por prohibir ese financiamiento, al igual que restringir el papel de prestamista de ultima instancia. Estas dos obcecadas restricciones tuvieron que ser morigeradas por sus propios impulsores cuando arreció el vendaval del “Tequila” allá por 1995.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB , de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto de ley actual, confeccionados por el PEN bajo la dirección de Domingo Cavallo, se establecía que “la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos” . Así se intentó otorgar a la restricción monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza.
La gran idea que subyace a esta independencia o desconexión del BCRA con el resto de los entes gubernamentales, es vedar a los gobiernos elegidos por el voto popular el ejercicio de la política monetaria, y que ésta quede en manos de tecnócratas, que no son apolíticos, sino que tienen una ideología económica bien definida.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en “Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?.
La vieja Carta Orgánica disponía entre los objetivos “Ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con asesoramiento del Banco Central y concentrar y administrar las reservas de oro y divisas y otros activos externos del país” a la vez que normaba en su artículo 4º que “La actuación del banco se ajustará a las directivas que el Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, dicte en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera, y dentro de este principio, deben interpretarse las atribuciones que se le acuerden al Banco Central...”
Hurgando en legislación comparada, hay patrones importantes de vinculación entre la autoridad monetaria, la prosecución de metas económicas amplias y la vinculación con los estamentos del Poder Ejecutivo de cada país. Un ejemplo es el de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), cuya misión es conducir la política monetaria de la Nación influenciando las condiciones monetarias y crediticias para perseguir el pleno empleo, la estabilidad de precios y tasas moderadas de interés de largo plazo; para la FED la política monetaria no es ajena al nivel de empleo.
Cabe observar que cuando la actual crisis financiera arreciaba, la FED no dudó en saltar normas institucionales para prestarle a aseguradoras, bancos de inversión y hasta a particulares.
Un ejemplo también importante lo podemos encontrar en nuestro socio estratégico, Brasil, que posee un Consejo Monetario Nacional que delinea la política monetaria, cuyas funciones se realizan “siguiendo directrices establecidas por el Presidente de la República”. Dicho comité está integrado por el Presidente del Banco Central, el Ministro de Hacienda, el Presidente del BNDES, y siete miembros elegidos por sus conocimientos. Al contrario de lo que podrían pensar muchos de los analistas argentinos, el presidente de este Consejo es el Ministro de Economía. Vemos entonces una fuerte vinculación entre la implementación de la Política Monetaria y las distintas jerarquías del Poder Ejecutivo, lo que no le impide a Brasil aplicar una política de metas de inflación, ni tampoco haber obtenido el “grado de inversión” de los mercados internacionales.
Hoy se habla repetidamente de la “independencia" del Banco Central, pero ¿es éste un valor esencial de la democracia? . En realidad, pareciera que está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta indispensable para definir el destino económico del país.
La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales. Esta proposición no es una lista de aspiraciones, sino los requisitos para el establecimiento de las condiciones materiales necesarias para poder aspirar a un país con más desarrollo e igualdad distributiva."
BLOQUE PARLAMENTARIO NEPS
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