Después de meses de búsqueda infructuosa, la oposición consiguió su primera victoria parlamentaria significativa. Se habló de “jornada histórica”, la votación fue tan ceñida que el vicepresidente Julio Cobos debió desempatar. En este caso (aunque no usó esa expresión) con un voto “sí positivo”, que explicó visiblemente nervioso. En una jornada de intensa exaltación de las instituciones, el vice volvió a deslucirlas violando el mandato de las urnas.
Cobos había adelantado cómo se pronunciaría. También se viene dando por hecho el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que signó toda la trayectoria del proyecto de ley.
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Cualquier desenlace (el rechazo del proyecto o su aprobación, con veto presidencial cantado) implicaba algún “costo político” para el oficialismo. Impedir un reclamo con historia, reparador y redistributivo es, por lo menos, una herida narcisista para el kirchnerismo.
La oposición lo “corrió por izquierda”, el oficialismo replicó fundándose en sus desempeños y en la responsabilidad. De cualquier manera, la reivindicación quedaría en suspenso. Y la oposición dispondría de un argumento para el futuro. Es aventurado prejuzgar cuáles serán la dimensión del costo, el impacto en la opinión pública o en la prospectiva electoral. Pero sería extraño que eso no mellara, en alguna magnitud, el capital simbólico del oficialismo.
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La oposición buscó infligir derrotas parlamentarias al oficialismo desde las elecciones del año pasado. Y redobló esfuerzos, con la nueva integración del Congreso, desde marzo de 2011.
Su ofensiva inicial fue salvaje, descomedida y, vista en perspectiva, muy poco exitosa. Asalto a las comisiones, proliferación de propuestas de ley, con un sesgo entre institucional y de centroderecha. Uno de sus ejes centrales era restringir el poder del Ejecutivo. Otro, limitar o derogar impuestos: transferencias fiscales (apodada “ley de cheque”), retenciones entre otros. Poco o nada germinó, cuando faltan dos meses para el cierre del período ordinario, de un abanico de medidas que formaban parte de su menú electoral pero que eran poco erotizantes para la mayoría de los ciudadanos de a pie.
La disciplina del oficialismo, la inconsistencia del Grupo “A”, la paridad en el Senado que fue mejor capitalizada por el Frente para la Victoria (FpV) son algunas de las concausas.
Se especuló mucho con que el 2011 sería el año de la vetocracia, que lijaría la reputación del Gobierno, sumada al default externo, al bajo crecimiento, a la centralidad de la agenda opositora. Todas esas profecías vienen siendo desmentidas.
El proyecto del 82 por ciento móvil fue un astuto rebusque para la oposición, atrapada en ese contexto decepcionante para sus ambiciones.
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El oficialismo acusa a sus antagonistas de querer desfondar las arcas fiscales, a sabiendas. Lo harían para generar una crisis económica o, aun, un escenario de carencia que forzara un nuevo ajuste y la búsqueda de rédito exterior.
Los opositores dicen que buscan cumplir deudas de décadas con los jubilados y que la plata está.
El cronista descree, en sustancia, de ambas versiones. A su ver, la mayoría del arco opositor, los que tienen ansias y ciertas posibilidades de ganar las presidenciales, actúan a sabiendas de que el veto es inexorable. Su afán, pues, es el costo político. Lo demás es virtual. Los peronistas federales y los radicales carecen de legitimidad para subestimar la sustentabilidad del proyecto. Cuando gobernaron afrontaron el dilema “sustentabilidad versus derechos” y lo resolvieron siempre contra los pasivos. El castigo socioeconómico del menemismo (en el que participó el peronismo en su conjunto, incluida buena parte de lo que es hoy el kirchnerismo), el congelamiento de derechos del alfonsinismo, la confiscación ilegal del gobierno de Fernando de la Rúa.
Integrantes de la bancada oficialista que votaron por la afirmativa (el chubutense Marcelo Guinle, por ejemplo) también hicieron ese cálculo: en términos de imagen pública es rentable mostrarse generoso con los jubilados, sin armar ningún desquicio fiscal. El veto, en ese sentido, es un subsidio implícito a la “generosidad” de quienes acompañaron el proyecto.
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Podría concederse mayor crédito a los senadores de partidos que no gobernaron la nación, es el caso del socialismo, de la Coalición Cívica, del juecismo cordobés o del monobloquista Samuel Cabanchik. Pero ellos tampoco deben subestimar (como hicieron) la necesidad de darle fundamento económico-financiero a una medida de largo plazo, que implica un flujo constante de recursos. La amplia mayoría de las intervenciones sobre el particular transitaron entre el simplismo, el efectismo y la negación. Desde mochar el “Fútbol para todos” hasta desactivar Aerolíneas Argentinas, sin agotar la nómina. La sideral diferencia de valores entre lo “recuperable” y lo necesario exime de mayores comentarios.
El ocurrente y pasional senador Luis Juez rozó ese aspecto pero sin zanjarlo. Argumentó con garbo, hasta un punto. Reconoció los avances que produjo el kirchnerismo en materia jubilatoria, que son muchísimos. Y abogó por darle sentido institucional añadiendo el 82 por ciento, con el peso de la ley y no la discrecionalidad del Ejecutivo. Hasta ahí, un análisis redondo. Pero, a la hora de hablar de la financiación, mostró un flanco débil. Adujo que, con la ley sancionada, habría que abocarse a procurar los recursos: reforma impositiva, impuestos extraordinarios a las mineras, las petroleras, el sector financiero. O sea puso el carro delante del caballo. Para peor, sin tener caballo: sus iniciativas son loables y siguen pendientes, pero Juez ignoró que la norma se propone como de aplicación inmediata. También parece minimizar la necesidad de un flujo permanente de dinero, en su apelación a tributos por “una sola vez”.
En términos políticos, su distracción es mayor: ninguno de sus aliados del Grupo A tiene disposición a gravar a las corporaciones o a subir impuestos. Como se apuntó antes, sus intenciones apuntan prolijamente en sentido contrario. El kirchnerismo tampoco se sale de la vaina por hacerlo, salvo (acaso) con el sector financiero.
Cobos también difirió al futuro, impreciso y vacuo, el modo de financiamiento del aumento a los jubilados.
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Sorprendió que el oficialismo diera quórum. Dos factores, no excluyentes, podrían ser la explicación. El primero, la certidumbre de que el quórum llegaría igual, quizá con aportes de senadores del FpV. El segundo, una expresa directiva de la Presidenta al titular del bloque, Miguel Pichetto.
Los senadores fueron, en general, comedidos. Es usual: acostumbran ser más medidos, corteses, aburridos y mediocres que los diputados. Acaso la falta de transmisión televisiva en vivo coadyuvó a la mesura. Todo el interés estaba centrado en el rescate de los mineros chilenos. Muchos oradores mencionaron la circunstancia, ora para lamentarse de la falta de difusión de la sesión, ora para exaltar el acontecimiento. Alguno comparó esa hazaña con la de cambiar la ecuación jubilatoria de los argentinos... en fin. El cronista se permitió imaginar qué hubieran dicho si el rescate ocurría acá, respecto del protagonismo y la hiperpresencia del presidente Sebastián Piñera. Desvaríos en medio de un debate previsible.
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A nadie se le pide coherencia en la Argentina. Si se hiciera, muchos opositores que clamaron por la aplicación inmediata de los derechos constitucionales deberían ser vanguardia del apoyo al proyecto de distribución de las ganancias en las empresas. Habrá que ver.
También es chocante que, como arguyó Pichetto en su discurso de cierre, quienes ponen el grito en el cielo por el plazo concedido en el artículo 161 de la Ley de Medios alegando que deja desamparados a potenciales vendedores urgidos, sugieran que la Anses venda en cinco minutos sus activos accionarios.
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Las polémicas públicas muestran baja tolerancia, maniqueísmo, muy pocos oradores dotados. Sin embargo, los temas que se discuten son un avance inimaginable pocos años atrás. Es producto de la maduración democrática de la sociedad y también de la previsibilidad y sustentabilidad económica, en buena medida mérito del kirchnerismo. Haber salido del infierno para pasar al Purgatorio eleva el debate y las demandas, lo que es una suerte. El oficialismo hizo mucho por el sistema previsional, incluyendo dos leyes que trascenderán la coyuntura y refuerzan el armado institucional: la reestatización y la movilidad de los haberes. El 82 por ciento no contradice, en concepto, esa saga.
Pero la impresión que queda es que el voluntarismo prima en todo el espectro político, a contrapelo de lo que ocurre en el mundo. El oficialismo cree que la caja bastará para seguir mejorando a los jubilados, en un largo plazo, eso sí a su manera. La oposición mociona el 82 por ciento, pensado hace cincuenta años, en cualquier otra coyuntura. Distintas miradas sobre la sustentabilidad que, quizás, esté más en riesgo que lo que se habló.
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La aprobación, con veto ulterior, era el mejor de los escenarios disponibles para las apetencias opositoras. El “costo” será pagado directamente por la presidenta. El reenvío del proyecto al Congreso, en la improbable búsqueda de la mayoría calificada para torcer el brazo al Ejecutivo, añadirá un bonus. Nueva ocasión para mostrarse, tal vez en un día más propicio en los medios audiovisuales. Ayer, en ese aspecto, fue el menos auspicioso que se pudiera imaginar.
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